Este tribunal suspendió la víspera hasta el 26 del mes en curso la audiencia que debía resolver el amparo presentado por Margarita Medrano en contra de su inhabilitación como candidata judicial.
Ante la situación creada de retardo del proceso de preselección, las comisiones mixtas (senadores y diputados) de Constitución y Justicia Plural que seleccionan a los precandidatos se reunirán este martes para tomar una decisión.
Fuentes de la Sala Tercera explicaron a la prensa que la audiencia fue aplazada porque no fueron notificados los 405 aspirantes del proceso de preselección.
Esta situación, a su vez, mantiene la medida cautelar que paraliza el cronograma de evaluación oral a los candidatos, programado entre el 15 y el 21 de abril.
“Con su nueva decisión, los vocales de la Sala Tercera actúan de mala fe porque afectan los derechos constitucionales de más de 400 postulantes con el objetivo de retardar el proceso”, aseguró el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas.
Consideró que de esta forma pisotearon la Constitución, la democracia boliviana y lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional emanó en la Ley 1549, que rige este proceso.
“Quieren politizar el proceso e impedir las elecciones judiciales este año”, denunció la autoridad.
En la audiencia, prevista para las 11:00 hora de Bolivia e iniciada después de las 12:00, el equipo legal de las comisiones mixtas objetó la competencia de los vocales de la Sala Constitucional.
Argumentaron al respecto que, cuando se denuncia una presunta vulneración a los derechos humanos corresponde presentar un recurso constitucional contra resoluciones del Órgano Legislativo y no un amparo.
Deploraron que, no obstante, la Sala Constitucional no dio a lugar la objeción e instaló la audiencia, y apenas iniciada los vocales observaron la no notificación a terceros interesados, en este caso los 405 postulantes al proceso de preselección.
La situación creada recuerda la crisis generada por otro amparo que, en septiembre del año pasado, fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, y este demoró 89 días en emitir un fallo, lo cual frustró todo el proceso que debía cumplir en ese plazo la ALP.
Finalmente, el TCP se autoprorrogó mediante una normativa, pese a que su mandato constitucional concluía el 31 de diciembre.
mem/jpm
