La Operación Walkiria II comenzó en plena madrugada y estuvo a cargo de 23 fiscales y un centenar de agentes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficop) que allanaron 21 casas y oficinas de involucrados en la organización criminal, como definen a la red los fiscales.
El Ministerio Público confirmó que fueron detenidos el abogado José Luis Castillo -defensor del jefe de otra red de corrupción judicial, César Hinostroza-, la empresaria Mirtha Gonzales y los ex asesores de Benavides, Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado, así como Giancarlo Valer Enciso, Jorge Luis Palomino y Jorge Jonathan Rodríguez.
Los detenidos son indagados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, por dar y recibir sobornos a cambio de archivar o beneficiar a procesados por diversos crímenes.
Las pesquisas obtuvieron en su primera fase las confesiones del principal asesor de la fiscal Benavides, Jaime Villanueva, que permitieron fundamentar acciones posteriores como la de hoy y en un primer momento dieron lugar a la suspensión de Benavides para que no obstaculice desde su alto cargo las averiguaciones.
También fueron allanadas las oficinas del abogado Óscar Nieves, quien meses atrás fue señalado como asesor legal de la presidenta Dina Boluarte y quien es mencionado en los fundamentos de la operación de hoy por haber pagado sobornos para archivar el caso de uno de sus clientes.
El extenso expediente del caso, de más de 200 páginas, detalla minuciosamente ese y otros sobornos similares, nombramientos o retiros de fiscales para beneficio de investigados por corrupción y otros delitos, así como arreglos políticos para consolidar en el cargo a Benavides.
Entre los allanamientos se incluyó el allanamiento de la casa del periodista neoliberal Juan Carlos Tafur, como sospechoso de vínculos con la red, lo que negó y dijo ser víctima de una venganza de lafiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo de fiscales anticorrupción.
La suspendida Benavides intentó desacreditar la operación dirigida por Barreto, al calificarla como “maniobra burdamente concertada” con el fin de justificar sus suspensión definitiva por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La JNJ tiene prevista la culminación del proceso administrativo contra Benavides para los próximos días, a lo que puede agregarse un proceso judicial.
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