El anuncio no da más detalles, pero esa indagación está referida al uso por la mandataria de al menos tres relojes de lujo por un valor de más de 50 mil dólares que afirma los recibió de préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, incluido en las pesquisas con el mismo nuevo delito.
El cohecho pasivo impropio consiste en la recepción por un funcionario o autoridad, de algún donativo o beneficio directo o indirecto, para hacer un acto propio del cargo.
Medios de prensa y analistas coincidieron previamente en señalar que ese cargo se fundamenta en que la mandataria, al ser interrogada por la Fiscalía, argumentó que no declaró los relojes usados el país y el exterior, se los prestó el gobernador Oscorima, su amigo y aliado político.
Tales opiniones señalan que con su explicación, recibida con incredulidad por la prensa, Boluarte confesó sin querer el nuevo cargo incluido en las pesquisas.
El acto propio del cargo sería la dotación de fondos extra a la gobernación de Ayacucho, cuyo titular es el supuesto otorgador del préstamo de los relojes y al menos una pulsera de oro y diamantes cuyo precio supera los 50 mil dólares.
A fines de marzo pasado, la Policía Anticorrupción allanó por la fuerza la casa de Boluarte después que la presidenta pidió dos veces postergar las diligencias en las que debía declarar ante la Fiscalía.
La investigación a la presidenta tuvo momentos de tensión a fines de marzo pasado, cuando la Policía Anticorrupción allanó su casa después de que Boluarte pidió dos veces postergar las diligencias en las que debía declarar.
Los relojes fueron posteriormente incautados por el fiscal como evidencia, lo que fue impugnado por Boluarte y Oscorima y la Fiscalía pidió al Poder Judicial que apruebe la medida, para lo cual este fijó para el 2 de mayo la audiencia sobre el tema.
De otro lado, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, defendió hoy el silencio de Boluarte, ante un interrogatorio de la Fiscalía y argumentó que callar es un derecho y “no tiene por qué entenderse como una manera de eludir la justicia ni como obstrucción a la justicia”.
El interrogatorio estuvo referido a una indagación por presuntas contrataciones irregulares de funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando fue titular de esa cartera.
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