Además, más de mil 113 denuncias fueron suspendidas, para que la Procuraduría General de la República evalúe si va a proponer acuerdos que eviten la sentencia.
Los actos extremistas que resultaron en la depredación de los edificios del Supremo Tribunal Federal (STF), del Congreso Nacional y del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (un poco más de cuatro millones de dólares).
En las condenas, el STF establece el pago de una multa de 30 millones de reales (seis millones de dólares), dividida entre todos los reos, por daños colectivos.
Las nuevas denuncias y acciones penales están siendo analizadas por la primera sala del STF, pues, en diciembre de 2023, el reglamento interno de la corte fue modificado para restablecer la competencia de las clases y procesar y juzgar procesos en trámite ante el tribunal.
Permanecerán en examen en el plenario, las acciones que estaban en marcha antes de la publicación de la enmienda, incluso las otras referentes a los sucesos antidemocráticos.
En los votos de condenas, el relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmó que la respuesta estatal no puede fallar en cuanto a las reprimendas.
«La dimensión del episodio suscitó manifestaciones oficiales de líderes políticos de innumerables países, de líderes religiosos, de organizaciones internacionales, todos, ciertamente, atentos a los impactos que las conductas criminales de esa naturaleza pueden brindar en ámbito global», refiere en los votos.
Y al hecho de que, desgraciadamente, puntualiza, «no están circunscritas a la realidad brasileña, a la vista, por ejemplo, de los lamentables acontecimientos ocurridos en enero de 2021, que culminaron en la invasión del Capitolio de Estados Unidos».
También, agrega, «la motivación para las conductas criminales visaba el completo rompimiento del orden constitucional, mediante la práctica de actos violentos, en absoluto desprecio al Estado Democrático de Derecho, a las Instituciones y al patrimonio público».
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes capitalinas de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, fecha marcada en negro en la historia nacional.
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