El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó el miércoles último su rechazo al informe del Departamento de Estado de la potencia del Norte sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, porque es unilateral y “un acto de injerencia e intromisión en la política interna”.
Mediante un comunicado, la diplomacia del país altiplánico denunció que el informe tiene un “uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”.
El reporte unilateral del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en 2023, refiere “que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo”.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que “es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos en favor de la niñez, adolescencia y adultos mayores que ha realizado el Gobierno (…)”.
La acción injerencista tiene lugar a poco más de un año de las elecciones generales de 2025.
Supuestas violaciones de derechos humanos sirvieron de pretexto a la Casa Blanca para justificar represalias de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, Venezuela y Nicaragua por actuar con autodeterminación en su política interna y exterior.
Esta semana, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia se apresuró a negar acusaciones contra su encargada de negocios, Debra Hevia, como la cabeza de un supuesto plan orientado a consolidar la ruptura del Movimiento al Socialismo, de cara a los comicios generales de 2025.
La legación diplomática negó todas las acusaciones y aseguró que reconoce la legitimidad de Luis Arce como presidente y que respeta la determinación que vaya a asumir la ciudadanía en los futuros comicios, según el medio digital Bolivia Verifica.
Sin embargo, en la opinión pública boliviana subyacen antecedentes como el puesto que ocupó Hevia en el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, caracterizado por ser un espacio de diseño de estrategias de desestabilización.
Los estudiosos del tema afirman que esta área, en realidad, es un grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y de operaciones especiales.
Desde allí Philip Goldberg siguió operando después de ser expulsado de Bolivia en 2008 por respaldar las acciones de violencia de la oposición antidemocrática sobre la base de informes de inteligencia política proporcionados por la DEA, también expulsada ese mismo año.
También esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas refutó la baja en la calificación de riesgo de la estadounidense Moody´s de Caa1 a Caa3, con perspectiva estable por no tener en cuenta toda la realidad de Bolivia.
“El informe (…) no muestra una evaluación exhaustiva de todos los factores que influyen en la economía boliviana, limitando su análisis a las presiones de liquidez en moneda extranjera, tampoco considera las acciones concretas asumidas por el Gobierno para abordar estos temas”, afirma una nota institucional.
Como parte de esa visión, el Gobierno reafirmó su compromiso con una gestión responsable de la deuda externa y manifestó que los pagos de ese servicio han sido realizados puntualmente.
Según el Gobierno nacional boliviano, Moody’s no valora los indicadores positivos, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la inflación anual, una de las más bajas de Sudamérica.
El ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, y el analista económico Martín Moreira, coincidieron en declaraciones a Prensa Latina en que las calificadoras de riesgo norteamericanas evalúan a Bolivia con una visión sesgada debido a su política soberana contraria a la línea neoliberal que tratan de imponer la Casa Blanca y sus aliados.
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