La etapa, llamada control de acusación, estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y comienza después que el Poder Judicial rechazó decenas de recursos presentados por Castillo para impedir el juicio, alegando inocencia, o afrontarlo en libertad condicional.
A Castillo se le acusa de un frustrado golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando decretó la disolución del Congreso y la reorganización de los organismos de justicia, además de proclamar un gobierno de emergencia y anunciar la elección, en un plazo de nueve meses, de un nuevo Legislativo que elaboraría una nueva Constitución.
Por ello, la Fiscalía solicitó 34 años de cárcel para el exgobernante por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, e incurrió en flagrancia.
Los defensores del exmaestro rural, que solo permaneció en el Palacio de Gobierno durante poco más de 18 meses, alegan que el cargo de rebelión, según el Código Penal, requiere del alzamiento armado de un grupo de autores, lo que no hizo Castillo.
La acusación sostiene lo contrario, con el argumento de que el acusado convocó a secundarlo a las Fuerzas Armadas, que rechazaron el pronunciamiento y se alinearon con el Parlamento, cuya mayoría adversó a Castillo durante su breve gestión.
Como coacusados de Castillo figuran quienes ocuparon el cargo de primer ministro de su Gobierno Aníbal Torres y Betssy Chávez, además de sus exministros del Interior Willy Huertas y de Comercio Exterior Roberto Sánchez, congresista.
En la misma condición están el exjefe de la Policía de Lima Manuel Elías Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Infanzón, ambos miembros de la Policía Nacional.
El expresidente participará en la audiencia a distancia, por teleconferencia y desde la cárcel exclusiva para exaltos funcionarios, que también alberga al exgobernante neoliberal (2001-2006) Alejandro Toledo, extraditado de Estados Unidos para su juzgamiento por corrupción.
Antes estuvieron en ese presidio el exmandatario Ollanta Humala (2011-2021), en prisión preventiva por presunto lavado de activos, y el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción y excarcelado en diciembre pasado por un polémico indulto.
Castillo es acusado paralelamente de encabezar una organización delictiva corrupta, integrada por funcionarios de su administración y miembros de su entorno político y familiar.
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