Pese a un operativo policial, jubilados y miembros de la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y agrupaciones de la cultura y la comunicación se reunieron en las proximidades de la sede legislativa para expresar su descontento con dicha normativa.
El 6 de febrero, los diputados rechazaron el proyecto llamado Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, tras debatir solamente seis artículos del paquete conformado por más de 300.
En esta oportunidad, el Ejecutivo de Javier Milei presentó una versión reducida del mismo, pero si se aprueba el Presidente tendrá numerosas facultades delegadas, que le permitirán intervenir y suprimir varios organismos.
Además, se mantiene una reforma laboral que amplía el período de prueba de los trabajadores, restringe el derecho a huelga y manifestación, facilita la tercerización y los despidos, entre otras disposiciones.
Asimismo, plantea la restitución del impuesto a las Ganancias para los asalariados, el cual fue eliminado en 2023 por el exministro de Economía Sergio Massa.
Durante el debate en la Cámara baja del Congreso, Martínez alertó sobre las consecuencias negativas de esa norma y acusó al Gobierno de mentir por intentar “hacer creer que es una versión atenuada del dictamen que no fue aprobado en febrero”.
No hay transparencia. Que este proyecto tenga menos artículos no significa que sea mejor que el anterior; por el contrario, aseveró.
Los trabajadores volverán a pagar el impuesto a las ganancias y el escalón más alto de contribuyentes que abonan por concepto de bienes personales tendrá una alícuota más chica, dijo.
Perjudicarán a monotributistas y llevarán adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas, advirtió.
Además, señaló que no es cierto que haya una delegación atenuada de facultades al mandatario, pues si bien el nuevo documento declara el estado de emergencia solo en el área económica, financiera, administrativa y energética, el decreto de necesidad y urgencia 70/23 establece esa condición para el sector fiscal, previsional, sanitario y social.
Ambos recursos se complementan y le dan al Presidente facultades que le permiten tener prácticamente plenos poderes, acotó.
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