Castillo recibió a una delegación de la comunidad campesina de San Juan Bautista, del distrito de Catacaos, en la norteña región de Piura, víctimas de maniobras legales y agresiones con muertes, de empresas de Sodalicio.
Los comuneros batallan por recuperar las tierras que con esos métodos les fueron arrebatadas y participaron en una misa en la catedral de Lima, en la que el arzobispo oró “por nuestros hermanos campesinos para que, en sus luchas y esfuerzos, se pueda llegar a la justicia de su causa”.
“Queremos recordar cuánta equivocación hay respecto a cómo se gestionan las cosas en la vida social. Hay una consideración de que uno, por ser cristiano, puede hacer lo que quiere. Eso no puede ser así”, advirtió en tácita referencia al hasta hace poco obispo de Piura, José Eguren, uno de los directivos de Sodalicio.
Castillo manifestó también su solidaridad con los periodistas que investigaron los delitos de la secta y que fueron perseguidos judicialmente por la agrupación, principalmente Paola Ugaz y Pedro Salinas, autores de un libro sobre el tema.
Ambos comunicadores afirman que, si bien el retiro de Eguren fue anunciado como una renuncia voluntaria, el personaje fue obligado a dimitir y que Sodalicio sería disuelto.
Para ello fue decisivo el informe de los religiosos Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, que investigaron a la secta en Perú, enviados por el papa Francisco.
El libro de Salinas y Ugaz denunció los abusos físicos y sexuales cometidos por la secta contra jóvenes reclutados, fanatizados y apartados de sus familias, varios de los cuales denunciaron lo sucedido.
Durante décadas, Sodalicio actuó impunemente, protegido por sus influencias políticas, económicas y de miembros de la jerarquía católica.
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