La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, celebrará el martes y miércoles audiencias públicas sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por el Gobierno mexicano contra Quito.
México solicitó a la CIJ que el ejecutivo ecuatoriano adopte medidas apropiadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, de los bienes allí contenidos y de los archivos.
Solicita también, entre otros aspectos, que autorice a México a vaciar los inmuebles y residencia privada de los funcionarios diplomáticos y vele por que no se tomen medidas que puedan vulnerar los derechos respecto de cualquier decisión que la Corte podría decidir.
La crisis entre México y Ecuador estalló el pasado día 4, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona «non grata» a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.
En ese contexto, México otorgó asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, pero efectivos de la policía irrumpieron por la fuerza durante la noche en la embajada mexicana en Quito, tras lo cual fue arrestado y recluido en una cárcel de máxima seguridad.
Tales acciones encontraron un amplio rechazo de la comunidad internacional al considerar que se trata de una caso prácticamente sin precedentes y violatorio en el Derecho Internacional y las convenciones en el ámbito diplomático.
Por su parte, Ecuador demandó ante la CIJ a México por conceder ilegalmente asilo político al exvicepresidente Glas, al considerar que el norteño país incumple normas de asilo político y diplomático, y convenciones anticorrupción.
Asimismo, López Obrador calificó de «despropósito», «acto de y «desfachatez», una denuncia interpuesta en Ecuador contra el diplomático Roberto Canseco por presunta obstrucción de la justicia al intentar evitar el asalto a la embajada en Quito el 5 de abril.
El ingreso de elementos de un cuerpo de élite de la Policía Nacional de Ecuador, para detener a Glas desató una crisis política entre los dos países que llegó hasta la ruptura de relaciones diplomáticas y esta denuncia ante la CIJ.
«¿Cómo un servidor público, un diplomático de nuestro país, que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior de nuestro país en defensa del derecho de asilo, cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía?», cuestionó al tiempo que pidió al senado otorgarle una distinción como la medalla Belisario Domínguez.
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