El Gobierno mantendrá la iniciativa hasta el 30 de julio, durante ese período quienes poseen armanentos sin licencia podrán acudir a la policía o recurrir a juristas para depositarlos y no correrán ningún riesgo de sanciones.

Las autoridades tampoco exigirán presentar identificación personal, pero sí registrarán el número de serie, el tipo y modelo del pertrecho, además de pasarlo por balística para determinar si se usó en algún acto criminal.

Este período de gracia sigue a la enmienda a la ley de Armas en la nación antillana, que de esa manera se plantea neutralizar el preocupante alza de delitos y muertes violentas en sus calles.

Aparte de ese país, otros territorios del Caribe como San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Jamaica y Bahamas igualmente endurecen sus legislaciones y proceden con tolerencia cero contra un flagelo que a diario enluta a decenas de familias y eleva la inseguridad en la zona.

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