El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, presentará el próximo 10 de noviembre los detalles de esa asistencia ante el Comité Parlamentario para la Seguridad de la República (Copasir), paso previo a su aprobación y posterior envío, según la publicación Internazionale.
La iniciativa vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes dentro del Ejecutivo, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, Crosetto y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, defienden la continuidad de la asistencia militar, mientras el vice primer ministro y líder de Liga, Matteo Salvini, reclama detener los envíos de dinero y armamento.
Durante el congreso de esa formación, celebrado en Milán los días 24 y 25 de octubre, Salvini afirmó que llevaría al Consejo de Ministros la posición de su partido contraria a continuar suministrando recursos y armas a Ucrania.
Entonces, el ministro de Defensa sostuvo que la línea italiana no podía modificarse, pues el respaldo a Kiev forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Roma y constituye, según expresó, una cuestión vinculada con la seguridad europea.
Tajani, por su parte, aseguró el 29 de octubre que el nuevo paquete, el decimotercero desde el inicio del conflicto en 2022, estaba prácticamente preparado y que sería suscrito por los titulares de Defensa, Exteriores y Economía, Giancarlo Giorgetti, después de la comunicación correspondiente al Copasir.
La autorización vigente para suministrar material militar a Ucrania expira el 31 de diciembre próximo, por lo que cualquier continuidad durante 2027 requerirá una nueva disposición gubernamental, tema que podría generar mayores discrepancias dentro de la mayoría parlamentaria.
Al respecto, los opositores Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (AVS) mantienen su rechazo a los envíos de armamento y reclaman una mayor prioridad para las iniciativas diplomáticas y negociaciones de paz.
También en la centroizquierda, el Partido Democrático (PD) sostiene la necesidad de respaldar a Ucrania y garantizar su derecho a la legítima defensa, posición que contempla la asistencia militar, aunque mantiene diferencias con el Gobierno sobre el alcance de los compromisos financieros y estratégicos.
El rechazo al incremento de los gastos militares también estuvo presente en las movilizaciones convocadas el pasado 30 de octubre por la Unión Sindical de Base (USB), durante una huelga general que movilizó a trabajadores y estudiantes en más de 40 ciudades italianas.
Las protestas incluyeron manifestaciones contra el aumento de los presupuestos militares y acciones en instalaciones portuarias para denunciar el tráfico de armamento y reclamar que esos recursos se destinen a salarios, servicios públicos y políticas sociales.
mem/mml
