En medio de un plantón este jueves en las afueras del Complejo Judicial Norte, un grupo de ciudadanos presentó la solicitud de audiencia para emitir medidas cautelares y poner freno a la situación.
Según afirman, desde hace cinco meses no les permiten visitar a sus seres queridos y sobre todo están preocupados por la falta de alimentos y medicinas.
Estefanía Garzón, cuyo familiar está recluido en la cárcel de Cotopaxi, comentó que recientemente lograron ingresar tres camiones de comida, pero que han sido insuficientes para todos los internos en esa penitenciaría.
Paralelamente, esta mañana representantes del Gobierno presentaron ante la Fiscalía General del Estado un pedido para investigar a la empresa encargada de proveer de alimentos a las prisiones por presuntas irregularidades.
Las alertas recibidas han generado un considerable interés debido a la gravedad que podrían tener los presuntos ilícitos y a la posible implicación de la Compañía LaFattoria S.A., señala el documento del Ejecutivo.
Desde hace semanas existen denuncias de los problemas con el acceso de los reos a comida, aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) manifestó el viernes pasado que «está garantizada la alimentación».
A esa problemática se suma que el Comité de Familiares de Presos asegura que las torturas continúan en las penitenciarías y se refieren a violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que desde enero tomaron control de las principales cárceles.
La militarización de las prisiones ecuatorianas se produjo en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el crimen organizado en medio de la escalda de la inseguridad a nivel nacional.
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