Esa acusación por parte del mandatario llega luego de que en la mañana de este jueves representantes del Gobierno presentaran ante la Fiscalía información reservada sobre presuntas irregularidades de la compañía encargada de suministrar los alimentos a las prisiones.
Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado.
En este país, han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 2, 2024
“Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, escribió Noboa en su cuenta de X, donde acusó a gobiernos anteriores -sin decir cuáles- de “entregar Ecuador a estos delincuentes”.
Mientras el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aún no designa al nuevo contratista para que entregue la alimentación en las penitenciarías, familiares de los reclusos manifestaron preocupación por sus seres queridos.
Actualmente, 11 mil 400 presos de 20 cárceles están sin alimentación y la empresa a cargo del servicio dejó de operar porque el Gobierno le debe el pago de seis meses, indicaron medios locales.
En las afueras del Complejo Judicial Norte un grupo de ciudadanos presentó este jueves la solicitud de medidas cautelares y poner freno a la situación.
Estefanía Garzón, cuyo familiar está recluido en la cárcel de Cotopaxi, señaló que recientemente lograron ingresar tres camiones de comida, pero que han sido insuficientes para todos los internos en ese reclusorio.
Desde hace semanas existen denuncias de los problemas con el acceso de los reos a comida, aunque el SNAI manifestó el viernes pasado que «está garantizada la alimentación».
A esa problemática se suma que el Comité de Familiares de Presos asegura que existen maltratos y torturas en las penitenciarías y se refieren a violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que desde enero tomaron control de las principales cárceles.
La militarización de las prisiones ecuatorianas se produjo en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra el crimen organizado en medio de la escalada de la inseguridad a nivel nacional.
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