Según informó la entidad, lo que procede en este caso es esperar a que la Corte Constitucional tome una decisión sobre ante qué tribunal tendrá que comparecer Mancuso, nombrado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro para que ayude a esclarecer la verdad del paramilitarismo en el país y sus nexos pasados con las estructuras de poder.
“Las circunstancias ventiladas en la demanda, así como aquellas inferidas en las pruebas adosadas y manifestadas en las respuestas recibidas, no dejan entrever tal posibilidad, con las características de urgencia e inmediatez, que tornen admisible la demanda” alegó el fallo divulgado.
El pasado 24 de abril se conoció que la Procuraduría presentó una petición donde alegaba que se vulneraron los derechos al debido proceso en relación a Mancuso, por lo que exigía una solicitud de tutela en un documento de 400 páginas que fue presentado ante la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP.
Ante dicha acción, el exjefe paramilitar reacción diciendo que la acción constituía una maniobra “espuria” de la procuradora Margarita Cabello por miedo a la verdad, y para proteger, supuestamente, los intereses de sus “amigos políticos”.
“¿Por qué existe tal angustia y preocupación por parte de usted [en referencia a Cabello] o de sus amigos políticos porque yo comparezca ante la JEP o que obtenga mi libertad como corresponde por derecho?”, cuestionó Mancuso en una misiva difundida públicamente.
A continuación, el mismo opinó que no existía otra interpretación plausible “para sus repetidas, espurias y tendenciosas injerencias e intervenciones, salvo el miedo a la verdad y un intento desmedido por impedir la restitución de derechos”.
Tras el rechazo a la solicitud de la Procuraduría, el excomandante paramilitar continuará compareciendo ante JEP y Justicia y Paz.
A inicios del mes pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP convocó a Mancuso para que ofrezca su versión sobre dos de los sucesos más sangrientos ocurridos en Antioquia, al noroeste del país, en la década del 90 del pasado siglo.
Según se informó, durante la diligencia judicial, la magistratura preguntará al compareciente por los nexos que tuvieron con grupos paramilitares algunos miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, y cómo ello incidió en las masacres de La Granja, en junio de 1996, y de El Aro, en octubre de 1997, en Ituango.
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