En un comunicado divulgado en esta capital, la colectividad progresista aseguró que la propuesta legislativa atenta contra las familias más pobres, los sectores populares y las clases trabajadoras, además de calificarla como la más regresiva vista en el país.

Resaltó que el presidente Abelardo de la Espriella busca importar el modelo que fracasó en Argentina.

“El RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial) es la adaptación del RIGI argentino de Milei (Javier), creando gabelas tributarias de largo tiempo a megaproyectos de inversión sin compromisos de generación de empleo y con poco encadenamiento productivo nacional”, expuso.

De acuerdo con las proyecciones del Pacto Histórico, con la Reforma Tributaria la inflación puede llegar a 7,67 por ciento y la inflación de alimentos a 13,29 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desocupación llegaría a 10,11 por ciento a los 32 meses de implementada, lo cual ocasionaría perjuicios para medio millón de personas.

Alertó que De La Espriella pretende, sin suficiente deliberación, privatizar empresas públicas fundamentales para la seguridad y soberanía nacional energética, alimentaria y comercial, como Ecopetrol y electrificadoras territoriales, así como desmontar entidades, políticas y programas para la garantía de derechos constitucionales.

“Advertimos riesgos para el empleo y los servicios públicos si las restricciones al gasto, la reducción de personal o los cambios en la contratación disminuyen la capacidad de hospitales, colegios, entidades territoriales y programas sociales para atender a la población”, señaló el Pacto.

Reiteraron la convocatoria para tomar las calles el próximo 19 de noviembre para frenar la propuesta del Gobierno.

“Nos movilizamos para hundir esta reforma. ¡No pasarán!”, instó.

El partido progresista no es el único que pone reparos al proyecto de ley que comenzará a ser discutido en los próximos días en el Congreso.

Durante la víspera, el Partido Liberal objetó su contenido, sobre todo por las disposiciones referidas al incremento del 19 por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar.

El Liberal es el segundo partido de Gobierno que expresa inconformidad con el proyecto de ley, después del Centro Democrático, la organización del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Esa última asociación planteó una serie de modificaciones a la norma.

Aunque rechaza IVA a los alimentos, insumos y servicios básicos, propone una reestructuración severa del aparato estatal y aboga por la privatización de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera del país, a lo cual se opone el sindicato del sector.

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