Juristas de diversas posiciones reaccionaron en tales términos tras la ceremonia en la cual la mandataria condecoró en el Día Internacional de los Trabajadores, entre otros, al titular del máximo tribunal y del Poder Judicial, por ser el primer especialista en derecho laboral que ocupa tan alto cargo.
El hecho ”no solo es descarado sino también ilegal”, comentó la jurista y ex primera ministra Mirtha Vásquez, quien señaló que la ley prohíbe al presidente del Poder Judicial recibir distinciones de litigantes.
Añadió que la condecoración otorgada por Boluarte “es un insulto”, más aún cuando los familiares de medio centenar de civiles muertos durante las protestas sociales contra la mandataria reclaman en Lima justicia en el caso más grave por el cual Boluarte es investigada.
La gobernante es indagada también por presunto lavado de activos en el manejo de fondos electorales, registrado antes de su ingreso al gobierno, y desde marzo pasado es investigada por lucir relojes Rolex y otras joyas no declaradas al fisco y que alega solo eran prestados por un gobernador regional y aliado político.
Las críticas se deben a que es probable que esos casos, actualmente en manos del Ministerio Público, son monitoreados por el Poder Judicial que preside Arévalo.
La abogada conservadora y analista política Rosa María Palacios coincidió con Vásquez en que “el presidente del Poder Judicial no puede recibir nada de un litigante, es la ley”.
“Un juez no solo tiene que ser, sino también parecer imparcial”, comentó el abogado Vladimir Padilla, quien agregó que el halago presidencial al presidente de la Corte Suprema puede ser una forma de presión sobre los magistrados a cargo de los casos que afectan a Boluarte.
El jurista Luis Lama declaró que “Es cuestionable la actitud de la presidenta, pues implica atentar contra la autonomía del Poder Judicial y, en alguna medida, generar cierto tipo de presión política al curso de los acontecimientos judiciales”.
Por tanto, añadió, la condecoración fue “una burla a la opinión pública y un desprecio a la institucionalidad y al estado de derecho”.
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