Resaltan los nombres de los extitulares de Gobierno Arturo Murillo (preso por corrupción en Estados Unidos), Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación), así como otros siete imputados.
“Hemos sido notificados por el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio (…)”, confirmó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Describió que el juicio dilucidará la internación de agentes antidisturbios en calidad de “préstamo” desde Ecuador al país en 2019 con el objetivo de emplearlos en la represión contra quienes reclamaban en protestas callejeras el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
Según se informó, el expediente incluye también como acusados al excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio O.C., y el exjefe de la Policía Rodolfo M.T., entre otros, se informó.
La Fiscalía Departamental paceña subrayó que presentará todas las pruebas colectadas en la etapa investigativa y se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para los acusados, declarados en rebeldía, según un reporte institucional.
Citado por la publicación, Alave explicó que se presentaron 115 pruebas documentales y 48 testificales entre otras evidencias.
Figuran entre esos elementos demostrativos el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el cual viajaron a Ecuador policías y militares bolivianos.
Adicionalmente, también obra la solicitud de devolución de los agentes químicos de Ecuador, que hace presumir la participación de los acusados, aportó el fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar.
De acuerdo con las pesquisas, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los exministros Murillo, López y Lizárraga, entre otros, se tomó contacto con la Policía ecuatoriana, y se acordó que ese país facilitaría armamentos que fueron internados en Bolivia de manera irregular.
Tres días después, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación, con un desenlace de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos en lo que se conoce como la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto.
Según los datos del Ministerio Público, los agentes químicos introducidos ilícitamente en Bolivia fueron cinco mil unidades de granadas de mano LG-302 y dos mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
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