Por Oscar Bravo Fong, corresponsal jefe en Bolivia

A Condori, integrante del opositor Partido Alianza Unidad y detenido por agentes encapuchados la víspera en la ciudad de El Alto cuando se dirigía a una reunión de sectores sociales, la Fiscalía Especializada Anticorrupción le imputa los delitos de supuesto terrorismo e instigación a delinquir.

Tal departamento de Justicia dictaminó que la orden tiene como fundamento la existencia de orden de fuga y obstaculización del proceso, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

El senador suplente, quien comparece este lunes ante un juez para la imposición de medidas cautelares, fue señalado por el diputado Manolo Rojas, el cual acudió el 29 de septiembre último a la sede del Ministerio Público a exigir una investigación contra Condori.

La petición también incluyó indagar a otros líderes de sectores sociales como el expresidente Evo Morales (2006-2019), luego de anuncios de nuevas medidas de presión contra el Gobierno en una reunión del movimiento Evo Pueblo, efectuada en la localidad de Lauca Ñ, departamento de Cochabamba.

En ese foro, como en otros de organizaciones sociales, los reunidos acordaron instar al gobierno nacional a restablecer la subvención del diésel y evitar la privatización de empresas estatales, mecanismo apegado a prácticas consideradas neoliberales y que afectan a la población.

Tras el arresto del integrante del Legislativo, el abogado Giaco Conde sostuvo que el arresto de su defendido constituye un acto de persecución política instigado por Rojas.

El diario El Potosí difundió por su parte que poco después del apresamiento del legislador, grupos sociales afines a él demandaron su libertad inmediata y advirtieron con realizar protestas si su exigencia es rechazada.

“También sectores afines al evismo reunidos en El Alto, en el Encuentro para Salvar Bolivia, amenazaron con efectuar movilizaciones si Condori no es liberado hasta este lunes”, divulgó la publicación.

El vicepresidente del país, Edmand Lara, manifestó de su lado que luego de la aprehensión del senador suplente se mantendrá vigilante para que las autoridades cumplan con el debido proceso, ofrezcan garantías constitucionales y respeten el principio de presunción de inocencia.

Resulta importante apuntar que la fiscalía considera que Condori incurrió en las referidas faltas durante su participación en los 53 días de multitudinarias movilizaciones ocurridas en mayo y junio de este año que desembocaron en bloqueos de carreteras en distintas regiones del país.

Acorde con datos gubernamentales, tales acciones, además de afectar servicios básicos como el transporte y la salud en ciudades como La Paz y El Alto, provocaron a la economía nacional un costo aproximado de unos 14 mil millones de bolivianos, equivalente a unos mil millones de dólares.

Luego de denuncias ante su actuación durante las protestas sociales, en agosto último el Senado aprobó una suspensión de Condori por ocho meses, tras ser analizado por la Comisión de Ética de ese ente.

En diversas ocasiones, Condori, quien llamó a la unidad nacional para impedir la aplicación de políticas económicas contrarias al pueblo, también exigió la reducción de los abultados salarios que reciben los legisladores, demanda que suscita rechazo en gran parte de ese conglomerado.

Por estos días, aparte del apresamiento del senador suplente, Bolivia ha sido sacudida por los sucesivos arrestos de Mariaca, con seis meses de prisión preventiva por supuesto narcotráfico y organización criminal, y del exfiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, entre otros altos funcionarios.

El exfiscal Mariaca, al igual que Condori, denunció que su aprehensión obedece a una persecución política, pues en el primer caso investigaba al exasesor político presidencial Fernando Cerimedo, detenido de forma preventiva en el penal de Conchocoro por los supuestos delitos de corrupción, ligado a vuelos que benefician al narcotráfico y violencia familiar, entre otros.

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