Con 106 votos a favor y 14 abstenciones de la bancada oficialista, el legislativo dio luz verde a la Ley para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes Y No Permanentes.
La normativa establece que los recursos económicos pasen directamente de la cuenta única del tesoro a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), o sea, a las cuentas de las administraciones locales sin una orden del Ministerio de Economía y Finanzas.
La bancada del movimiento Revolución Ciudadana señaló en un comunicado que apoyaron esa iniciativa legal que contempla el saldo de la deuda que mantiene el Ejecutivo con las provincias y municipios en un plazo de 90 días.
Este martes estuvieron en la sede de la Asamblea un grupo de alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales que explicaron su situación ante la falta de entrega de recursos.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) dijo que solamente a las provincias le deben 570 millones de dólares, lo cual impacta directamente en la falta de obras y el pago de funcionarios.
En relación con la disposición aprobada, manifestó que “es un primer paso importante para resolver la deuda estructural con los GAD”.
El titular de la Asamblea, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC) fue quien propuso el proyecto ahora aprobado y apuntó que los retrasos en la entrega de recursos no son únicamente del gobierno actual.
La Ley deberá ir ahora a la mesa del presidente Daniel Noboa, quien podrá vetarla, de forma total o parcial, o aprobarla para entrar en vigor tras su publicación en el Registro Oficial.
Este lunes, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, denunció que el Ejecutivo mantiene una deuda de 800 millones de dólares con esas demarcaciones, que se suma al monto pendiente con las prefecturas.
Recientemente, el presidente Noboa culpó al exmandatario Guillermo Lasso por la falta de pagos que aún persiste en el sector público.
Ecuador cerró el año 2023 con un déficit fiscal de casi seis mil millones de dólares, el equivalente al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En medio de esa situación financiera, el Gobierno espera un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la liquidez, sin embargo, economistas advierten de las condiciones que impone el organismo financiero para recibir ese crédito y sus consecuencias para la población.
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