El procurador general del Estado, Javier Pacheco, señaló que Fujimori no ha pagado ni un centavo de la reparación al Estado fijada por la Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad y corrupción confesa -lo que le impide recibir el beneficio- pero la decisión la tomará en última instancia el parlamento.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, sostuvo que el indulto al reo -cuestionado interna y externamente- le restituyó todos sus derechos, lo que supuestamente incluye el de una pensión de por vida, y dijo que la decisión al respecto corresponde al Congreso.
En el Congreso, la bancada más numerosa es la del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), encabezado por Keiko, hija del polémico exgobernante (1990-2000), y la agrupación argumentó que tiene “legítimo derecho” porque derrotó a los grupos armados.
“Somos millones de peruanos agradecidos con el ingeniero Fujimori por todo lo que hizo, y hoy corresponde que levantemos nuestra voz para defenderlo de los ataques de una mezquina minoría que vive obsesionada con nuestro líder histórico y no le perdonan que haya vencido al terrorismo”, sostiene el comunicado.
FP es la principal integrante de un bloque conservador mayoritario en el Congreso, a cuya Oficialía Mayor fue dirigido el pedido de Fujimori de recibir una pensión mensual de 15 mil 400 soles (cuatro mil 216 dólares).
El jurista Carlos Rivera, representante de la parte civil en el juicio a Fujimori, señaló que la ley impide que un expresidente que haya sido condenado por la justicia o tenga una acusación constitucional pendiente de fallo judicial, reciba la pensión reclamada.
“Fujimori fue condenado por crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción, por lo tanto, no le corresponde pensión del Estado. Así lo dispone la ley”, y el congreso le dará la pensión pues “en el Perú la ley no vale nada”, comentó.
“Es ilegal e inmoral que Alberto Fujimori pueda acceder a una pensión vitalicia cuando tiene una deuda con el Estado de más 57 millones de soles (más de 15 millones 400 mil dólares dólares), de las que no ha pagado ni un sol”, declaró la congresista y exministra de Educación Flor Pablo.
Agregó que “proceder con este pedido sería una ofensa para todos los peruanos, sobre todo a la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante su mandato”.
El exministro de Justicia Juan Jiménez dijo que el reclamo de Fujimori no puede ser atendido, salvo si se modifica la ley que prohíbe atenderlo, aunque esto sería grosero.
El constitucionalista Erick Urbina recordó además que el parlamento vacó (destituyó) al exgobernante por incapacidad moral en noviembre de 2009 (debido a que, tras un escándalo de corrupción aprovechó un viaje oficial para fugarse a Japón, desde donde renunció), por lo cual no le corresponde recibir pensión vitalicia.
Los críticos de Fujimori señalan que el exgobernante fue condenado a prisión como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes y es juzgado por otra masacre similar.
rgh/mrs
