“Yo jamás cometí el delito de rebelión. Simplemente leí un documento sin ninguna consecuencia y jamás me enfrenté contra el orden constitucional y mucho menos contra los organismos constitucionales autónomos”, dijo el exgobernante.
Castillo ratificó su posición en la audiencia de control de acusación frente al juez supremo Juan Carlos Checkley y sostuvo que el Ministerio Público solo ha basado sus argumentos contra él solo en lo que dicen medios de comunicación.
“Señor magistrado, ¿desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿desde cuándo un discurso tiene municiones?”, expresó en alusión al argumento de su defensa, de que ese delito, que se le imputa, se comete, según el Código Penal, mediante un alzamiento colectivo en armas, lo que no ocurrió.
En la audiencia convocada para una evaluación de la acusación antes de iniciar el juicio, el juez dijo que en la siguiente anunciará si da luz verde al proceso contra el exmandatario y sus presuntos cómplices.
Según la Fiscalía, Castillo cometió el delito de rebelión al decretar el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso opositor a su administración, así como la reorganización de los órganos de Justicia, lo que fue rechazado por el parlamento con el apoyo decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía
La Fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente elegido en 2021 y 25 años para la ex primera ministra, Betssy Chávez, y los extitulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, considerados cómplices.
La acusación propone además una pena de 15 años de prisión para el entonces asesor presidencial, Aníbal Torres, quien fue además primer ministro antes que Betssy Chávez.
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