Entre los convocados por la mesa legislativa este jueves estuvo el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, quien informó sobre la situación actual del sector, qué planes se ejecutaron antes de que se posesione y cuáles son los proyectos futuros.
Luque aclaró a los asambleístas que no asumió el cargo para investigar el tema, sino para solucionar la crisis de energía que atravesaba el país en ese momento, y que se mantiene en la actualidad, pese a que los apagones están suspendidos, dijo.
No obstante, el titular señaló que «la suma de acciones irresponsables y negligentes, sumado a la falta de celeridad, en un problema que conocíamos desde diciembre, impresiona y da para sospechar. La denuncia está puesta», manifestó.
Luque también fue cuestionado por los legisladores sobre las pruebas de estimulación de nubes que, según el Ministerio de Energía y Minas, se han hecho en las últimas semanas.
En este sentido, el funcionario aseguró que «no hay un impacto ambiental» de esa actividad y añadió que no han existido afectaciones.
Sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica Coca Coda Sinclair, una de las más importantes de esta nación sudamericana, el ministro Luque expresó que aún está en revisión la situación, debido a que hay un mantenimiento pendiente que es necesario para su correcto funcionamiento.
“Me preocupa que un mantenimiento que se tenía que hacer se haya dilatado, pero si la sacamos de operación ahora puede generar otros problemas”, advirtió.
A la sesión de este jueves también estaba citada la exministra de Energía Andrea Arrobo, quien fue acusada por el gobierno ante la Fiscalía de haber saboteado el sistema, junto a otros funcionarios.
Arrobo no llegó a la comparecencia y la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, lamentó la ausencia de la exfuncionaria que «cuando estuvo aquí, mintió, porque dijo que no habría más apagones», señaló.
La Comisión de Fiscalización procesará la solicitud de juicio político contra Arrobo, por incumplimiento de sus funciones, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara a trámite el pedido de enjuiciamiento a la exfuncionaria, presentado el pasado 24 de abril por el movimiento Construye y respaldado por 40 asambleístas.
De acuerdo con Ana Galarza, miembro de ese movimiento político, el proceso judicial contra Arrobo busca esclarecer las causas de la crisis energética en el país andino que ha causado múltiples pérdidas económicas en todo el territorio nacional, señaló.
El pasado 16 de abril, la Presidencia emitió un comunicado en el cual acusaba a servidores de alto nivel, incluida la extitular Arrobo, de ocultar intencionalmente información crucial sobre el funcionamiento del sistema energético.
Según apuntan, los apagones “no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia” y el déficit energético en el mes de abril se ubicará entre 22 y 27 gigawatts por día.
Entretanto, el Parlamento censuró a Fernando Santos, exministro de Energía y Minas durante la administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), por “incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo”.
Los legisladores consideraron que el exfuncionario de Lasso es uno de los principales responsables de la actual crisis energética.
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