La mandataria se refirió a la importancia de la democracia y la constitucionalidad, en un evento sobre el tema y en el tramo final de su intervención dijo que “no nos vamos a distraer con asuntos menores”, lo que comentaristas de televisión interpretaron como una referencia a las citadas detenciones.
“Creemos en la justicia, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia, y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución, por hacer más grande nuestra patria”, sostuvo la actividad realizada en el distrito de San Borja, en el que fue apresado su hermano Nicanor.
Dijo por otra parte que “sin descanso ni distracciones de ningún tipo, seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema”, que se ha incrementado”, en referencia al informe oficial de que los afectados por esos males en 2023 son 600 mil más que en 2022.
Boluarte sostuvo que la primera causa del aumento de la pobreza, por encima incluso de la larga pandemia de Covid-19, fueron las protestas contra su ascenso a la presidencia por sucesión tras el cese del presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022, con un saldo de 50 muertes de civiles pendientes de esclarecimiento.
Omitió mencionar las detenciones de Nicanor Boluarte y del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, y otros seis involucrados en lo que la fiscalía anticorrupción califian como una organización criminal encabezada por el hermano de la presidenta. Tras el discurso, se dirigió al Palacio de Gobierno, al que poco después llegaron el ministro del Interior, Wálter Ortiz, y el jefe de la Policía Nacional, general Víctor Zanabria, para una reunión calificada por reporteros como de urgencia, posiblemente ligada a la crisis planteada por las detenciones y sus consecuencias.
La mandataria no puede ser investigada por su inmunidad presidencial, pero está involucrada, según las investigaciones de la fiscalía, por haber convocado al jefe de la División de Investigación de casos de Alta Complejidad, coronel Franco Moreno a pedirle información previa sobre la operación de hoy.
Además, negó durante meses las denuncias periodísticas sobre la injerencia de su hermano Nicanor en nombramientos en el aparato estatal.
Boluarte fue detenido por cargos de presunto tráfico de influencias y corrupción, por influir en el nombramiento de funcionarios del gobierno central y autoridades locales en diversas regiones, para que estos recojan adhesiones para la creación de un partido oficialista o con fines de corrupción en el caso de los primeros.
Sobre Castañeda pesan cargos de intento de soborno y otros, por ofrecer a un alto oficial integrante del grupo policial de apoyo a la fiscalía, ascenderlo a general a cambio de que archive la investigación a Boluarte por la posesión no declarada de costosas joyas que alega recibió en préstamo.
El abogado de Boluarte es también investigado por presuntamente coordinar con mandos militares y policiales la desactivación del grupo especial policial anticorrupción, medida que se hizo efectiva hoy por decisión oficial calificada por el Gobierno como administrativa.
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