Un comunicado firmado por relatores de derechos humanos exigieron la inclusión de todas las comunidades que podrían verse afectadas por actividades extractivas, en particular por los proyectos La Plata S.A. o Curipampa-El Domo vinculadas a empresas de capital canadiense.
Los firmantes pidieron respetar su derecho a las libertades de expresión y reunión al tiempo que alertaron sobre posibles medida de represalias contra miembros de las comunidades por las empresas responsables de los proyectos.
De acuerdo con el texto, las comunidades indígenas afectadas deben ser incluidas en las consultas ya que esto puede exacerbar el conflicto social.
“El descontento de las comunidades se ha visto exacerbado por el despliegue temporal de decenas de policías y militares en Palo Quemado, lo que ha provocado un aumento de la violencia y los conflictos, incluyendo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las personas integrantes de la comunidad”, alegó el texto.
Al mismo tiempo, recordó que más de 70 defensores, incluidos líderes indígenas, fueron acusados penalmente por oponerse a estas iniciativas.
Los relatores pidieron más atención para los residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y el cantón de Las Naves, provincia de Bolívar.
lam/ebr
