El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, envió ya al legislativo el paquete de proyectos de ley para la aplicación de los resultados del proceso consultivo del pasado 21 de abril, cuando la ciudadanía dio el Sí a nueve preguntas relacionadas con la seguridad.
Las propuestas del jefe del Ejecutivo contemplan el incremento de las penas para terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de minería.
Para esos delitos las sanciones propuestas por el mandatario duplican las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal vigente.
Asimismo, deberá quedar legislado el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía o Fuerzas Armadas.
La Asamblea también deberá abordar cambios a Ley Orgánica de Extinción de Dominio, para facilitar que el Estado pase a ser propietario de bienes de origen ilícito o injustificado.
Desde este martes comenzaron a contar los 60 días que tiene el legislativo para debatir y aprobar las reformas legales, pero aún los asambleístas no definen qué comisiones tratarán esos asuntos.
Circula la idea de conformar una mesa multipartidista para analizar todos los temas, sin embargo, esta iniciativa deberá ser analizada por el Consejo de la Administración Legislativa.
Si bien los proyectos de Noboa deberán ser debatidos y los asambleístas pueden ajustarlos, en su esencia no pueden ser rechazados porque son derivados de la consulta popular, es decir, ya los ecuatorianos le dieron el visto bueno en las urnas.
El pasado 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos de la consulta popular y referendo, que reflejaron la preocupación ciudadana ante la inseguridad y el rechazo al trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Expertos en materia jurídica consideran que cuando entren en vigor las reformas, Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
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