En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, el funcionario señaló que, además de las viviendas destruidas y las familias damnificadas, el desastre evidenció el abandono histórico de comunidades del interior, alejadas de los niveles de desarrollo y las inversiones que concentra la capital.

Batista indicó que Mariato registró entre 228 y 230 viviendas afectadas, algunas demolidas y otras pendientes de reparación, mientras varias familias permanecen en carpas, expuestas a las lluvias y el sol, más de un mes después del movimiento telúrico.

Criticó la lentitud de los programas de reconstrucción y las exigencias del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuyos requisitos de superficie y titulación de terrenos dificultan el acceso de numerosas familias a una solución habitacional.

Al respecto, explicó que muchos residentes llevan entre 30 y 50 años ocupando terrenos sin contar con títulos de propiedad, situación que constituye otro obstáculo para recibir asistencia estatal.

El alcalde consideró que la tragedia puso en evidencia la existencia de dos realidades en el país: una marcada por los rascacielos y el crecimiento económico, y otra por la pobreza rural, las carencias de servicios básicos y las escasas oportunidades de empleo.

Aunque destacó el potencial turístico, agrícola, ganadero y pesquero de Mariato y otras zonas del interior, lamentó la insuficiente inversión pública en carreteras, agua potable, electricidad y otras infraestructuras.

Asimismo, sostuvo que los 20 mil dólares asignados por el Gobierno central a cada alcaldía resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños, y destacó el aporte de empresas privadas, organizaciones religiosas, comunidades y ciudadanos a la asistencia humanitaria.

Batista también advirtió sobre la necesidad de fortalecer los controles de construcción, la planificación territorial y la preparación nacional ante desastres naturales.

En su opinión, Panamá debe impulsar una estrategia que contemple la prevención, la respuesta y la recuperación, además de promover edificaciones con normas antisísmicas y evitar asentamientos en zonas vulnerables.

El sismo del 9 de octubre, de magnitud 7,5, afectó principalmente a provincias del centro y occidente del país (Coclé , Herrera, Veraguas, Los Santos y Chiriquí), con daños en viviendas, centros educativos, carreteras y servicios básicos, y abrió un nuevo debate sobre la capacidad institucional para atender emergencias y reducir las desigualdades territoriales.

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