Los dos casos están de alguna manera vinculados y la suspensión de Benavides tiene el obvio fin de mantenerla fuera del cargo para evitar que lo retome en junio próximo, cuando expira la suspensión dictaminada en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De reasumir el puesto, Benavides podría tomar el control del Ministerio Público y entorpecer las investigaciones sobre su presunto papel de cabeza de una organización delictiva y de ilegalidades como el archivo de investigaciones parlamentarias a cambio de votos por decisiones convenientes para ella.
Según las investigaciones de la Fiscalía, uno de esos arreglos bajo la mesa consiguió los votos necesarios para inhabilitar por cinco años y retirar del cargo a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos del cargo de fiscal suprema.
La Corte Superior de Lima consideró que la decisión adversa a Ávalos carece de fundamento legal, por lo que debe volver a ocupar su posición en el Ministerio Público, lo que dividió las opiniones en el parlamento, entre quienes aceptan el dictamen y quienes lo rechazan y plantean apelar al Tribunal Constitucional (TC) contra la reposición de Ávalos.
El pedido de suspender a Benavides por 36 meses fue presentado por la fiscal a cargo de la investigación, Delia Espinoza, especializada en casos de corrupción.
La investigada fue suspendida el 7 de mayo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que no puede prorrogar la medida porque carece de quórum para hacerlo, debido a que dos de sus integrantes fueron inhabilitados por la mayoría parlamentaria que simpatiza con Benavides.
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