Esto se da debido a que el propio funcionario, en el marco de una entrevista, comentó que desarrollan pesquisas vinculadas con miembros del Gobierno, detalló el parlamentario Samuel Pérez, quien acudió a la Torre de Tribunales en compañía de otros miembros de la propia bancada.
Estas menciones públicas son completamente ilegales, remarcó el joven congresista, quien presidiera la X Legislatura durante sus días iniciales el pasado enero, pero que la Corte Constitucional del país exigió revertir debido al proceso abierto contra su agrupación.
Pérez señaló entre los delitos que se le atribuyen al secretario del ente investigador abuso de autoridad e infracción de privilegio.
“Seguiremos del lado correcto de la historia, tomando las acciones necesarias para liberar al MP, que ha sido secuestrado por los criminales que hoy lo dirigen”, resaltó el diputado.
Más tarde la Fiscalía lamentó los esfuerzos del Ejecutivo y de la bancada oficial en el Congreso en el objetivo de intentar evitar investigaciones.
Por medio de su Departamento de Información y Prensa, consideró la acción una más de la serie “sin ningún sustento jurídico”.
Advierten –apuntó- no solo desconocimiento, sino un claro propósito de obstaculizar la labor del MP.
El Gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó el 7 de marzo último una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas por un caso que involucra a Pineda.
Basado en evidencias, divulgó un posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, por parte de la administración de Alejandro Giammattei (2020-2014), en virtud de solicitud del secretario de la Fiscalía.
El entonces mandatario electo, tras los resultados de los comicios de 2023, señaló a la Fiscal General Consuelo Porras como la punta de lanza del Pacto de Corruptos para atentar contra las votaciones y la democracia en la nación.
Después de diferentes desencuentros entre ambos desde el cambio de mando presidencial, el jefe de Estado anunció semanas atrás ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP, en busca de remover a su titular.
Pineda es la mano derecha de la jefa del MP y su participación en decisiones contra exfiscales anticorrupción, operadores de justicia y periodistas generaron aquí múltiples críticas y repudio.
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