La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, alertó este miércoles en el canal Teleamazonas que la información que dio el Gobierno esta semana está sesgada. Hay cinco prefecturas del país que no han recibido los recursos, según la funcionaria.
Pabón se refirió a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien aseguró este sábado que esa Cartera de Estado había cancelado 298,5 millones de dólares a los GAD.
Nos preocupa esta deuda porque lastimosamente vamos a tener que paralizar obras importantes. Esos recursos son de nuestra gente para que las obras puedan llegar y se dinamice la economía, alertó.
Pabón afirmó que las prefecturas de Cotopaxi, Santo Domingo, Azuay, Manabí y Pichincha no han recibido los recursos correspondientes a los meses de febrero y marzo y advirtió que al parecer existe un manejo discrecional por parte de Finanzas para realizar estas asignaciones.
Este martes, la prefecta de Santo Domingo de los Tsachilas, Johana Núñez, también denunció a través de su red social X que esa provincia no ha recibido el pago.
El pasado 7 de mayo, la Asamblea Nacional (parlamento) aquí aprobó una ley que impone al Ejecutivo la entrega de los recursos financieros correspondientes a las prefecturas y los municipios, entidades a las que le deben millones de dólares.
La normativa establece que los recursos económicos pasen directamente de la cuenta única del tesoro a los GAD, o sea, a las cuentas de las administraciones locales sin una orden del Ministerio de Economía y Finanzas.
Recientemente, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, denunció que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de 800 millones de dólares con esas demarcaciones, que se suma al monto pendiente con las prefecturas.
Mientras, el presidente Daniel Noboa culpó al exmandatario Guillermo Lasso por la falta de pagos que aún persiste en el sector público.
Ecuador cerró el año 2023 con un déficit fiscal de casi seis mil millones de dólares, el equivalente al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En medio de esa situación financiera, el Gobierno espera un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la liquidez, sin embargo, economistas advierten de las condiciones que impone el organismo financiero para recibir ese crédito y sus consecuencias para la población.
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