Mediante un comunicado, la institución empresarial autónoma enfocada en generar desarrollo expuso que más del 60 por ciento de la carga en contenedores que se moviliza por el Pacífico, departamento de Escuintla, se opera a través de APM Terminals.
La amenaza de suspensión de las operaciones logísticas de dicha entidad genera un riesgo de colapso logístico total en el país, con repercusiones de máxima gravedad para la economía nacional, la salud y la seguridad alimentaria de los guatemaltecos, subrayó.
La interrupción de la terminal especializada de contenedores traería consecuencias de alta escala como el desabastecimiento de insumos y materias primas para la producción, e incrementos a la canasta básica, agregó la CIG.
Incluyó en el texto desabastecimiento de alimentos y medicamentos, pérdida de productos perecederos, retrasos en la entrega de cargas y otros impactos.
El cierre de la autopista Palín-Escuintla por el hundimiento en el kilómetro 44 provoca, adicionalmente, complicaciones logísticas severas, señaló.
Consideró esta ruta, afectada por las abundantes lluvias de los últimos días, clave para el ingreso y salida de mercancías a este territorio centroamericano, así como en la distribución a varios departamentos.
La Cámara calificó de imprescindible que las autoridades tomen todas las medidas, bajo el marco legal vigente en el país, en aras de garantizar la continuidad ininterrumpida de las operaciones de la Terminal Especializada de Contenedores.
Además, reclamó, con el objetivo de recuperar el tramo vial de la autopista Palín-Escuintla y de tal modo evitar consecuencias devastadoras para la nación.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se vio obligado a cancelar el jueves último su segunda gira de trabajo a Europa, por el tema legal relativo a APM Terminals.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras reaccionó hace dos días y mencionó consecuencias graves como desabastecimiento de medicinas.
La APM informó el pasado día 10 que un Tribunal confirmó la anulación del contrato de operaciones en Puerto Quetzal después de que otro lo declarara nulo en octubre de 2017.
Encargada de manejar el 65 por ciento del total de la carga del país, tiene una cola de más de 20 barcos que pueden tardar en descargar unos 20 días, advirtió la Asociación Guatemalteca de Exportadores.
El problema, reflexionaron analistas, aparece como una oportunidad para que la tierra del quetzal reforme su gobernanza de infraestructura y construya un sistema portuario transparente y eficiente.
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