De acuerdo con esa organización, familiares de los reos de la cárcel de la provincia de Cotopaxi han accedido a una lista de nombres de prisioneros que perdieron la vida bajo custodia del Estado en esa prisión, sin conocer las causas hasta el momento, señalaron.
A través de su red social X, las feministas advirtieron que los reos habrían sido enterrados en fosas comunes en diferentes cementerios del país.
Asimismo, rechazaron la vulneración de derechos a las personas privadas de libertad, la restricción de acceso a la alimentación, la salud, el vínculo familiar y condenaron la tortura física o la muerte a manos de funcionarios estatales.
Este martes, la abogada ecuatoriana especializada en derechos humanos Paulina Reyes fue liberada tras una detención que organizaciones sociales calificaron de ilegítima, pues ocurrió después de denunciar presuntos maltratos a reclusos.
En redes sociales, la Alianza Contra las Prisiones indicó que la jurista fue aprehendida por personal militar, luego de acusarlos de vulneraciones a los derechos de los presos de la Cárcel de Cotopaxi.
El mensaje, ampliamente compartido en las plataformas digitales, cuestionó la aprehensión que “demuestra cómo se pretende instaurar un régimen de abuso, tortura y arbitrariedad en las cárceles y fuera de ellas”.
Tras la audiencia de flagrancia, Reyes quedó en libertad, aunque la quisieron procesar por supuesta falta de respeto a la autoridad.
El 9 de enero pasado el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno como medida para facilitar los operativos contra el crimen organizado y desde entonces el control de las penitenciarías está en manos de las Fuerzas Armadas.
Según expertos y activistas, las cárceles pasaron de estar en manos de los cabecillas de las bandas criminales a un control militar, en el cual no hay garantías de derechos.
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