El presidente de la Federación, Wilson Tenorio, pidió al Gobierno revisar la obligatoriedad del cumplimiento de un año de servicio en lo rural en el contexto actual del país.
Como alternativa sugirió esfuerzos conjuntos con los gobiernos locales para de alguna manera fortalecer el resguardo en las localidades, que tampoco pueden quedar desprotegidas.
Recientemente trascendió el crimen del doctor Steven Aguirre Giler, joven médico de 25 años que fue asesinado durante un intento de secuestro en El Empalme, provincia de Guayas.
En declaraciones a la prensa este jueves, José Luis Aguirre, presidente de la Federación de Profesionales de Salud Rural, manifestó que el problema se extiende a todos los profesionales que trabajan en centros sanitarios, quienes son víctimas de acoso y pedidos extorsivos.
Señaló que este año han recibido entre 600 y 700 denuncias en su gremio por parte de compañeros que cumplen el internado rural debido a robos, amenazas, intimidaciones, acoso, entre otros, fundamentalmente en provincias de la costa y Amazonía.
“Pedimos las garantías necesarias, la seguridad; sin embargo, la mayor parte de profesionales de salud tiene temor a hacer una denuncia ante Fiscalía por miedo a represalias”, afirmó Aguirre.
Los dirigentes del gremio no descartan realizar movilizaciones en caso de falta de respuestas y acciones por parte del Ejecutivo.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la víspera un nuevo estado de excepción, esta vez focalizado en siete provincias y un municipio del país e informó sobre el inicio de la fase dos de su “lucha contra el terrorismo en territorio nacional”.
La medida estará vigente por 60 días en Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana y en el cantón Ponce Enríquez, del territorio de Azuay.
En Ecuador rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Noboa acompañó en enero pasado otro decreto de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.
A pesar de la militarización, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos persisten, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales, alertan colectivos defensores de derechos.
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