Los ministros analizaron un pedido de la Procuraduría General de la República para evitar la práctica de descalificar el crimen.
Tal acción fue presentada por la Fiscalía General, la cual alega que este discurso es discriminatorio y revitaliza a la mujer víctima.
La ponente, la ministra del STF Cármen Lúcia Antunes, afirmó ayer que, a pesar de los avances en la legislación brasileña para garantizar la protección de las féminas, estas conductas se siguen reproduciendo en la sociedad.
Y, en tal sentido, perpetúan la discriminación y la violencia de género contra las víctimas de agresiones sexuales.
«Estas prácticas, que no tienen base legal ni constitucional, fueron construidas en un discurso que distingue a las mujeres entre las que ‘merecen y no merecen’ ser violadas», recalcó.
Para Antunes, estas rutinas «se firmaron como forma de relativizar prácticas de violencia y tolerancia en la sociedad a las violaciones practicadas contra mujeres con comportamientos que apartaran o desentonaran de lo que era deseado por el agresor».
La ministra también propuso en su voto que el órgano juzgador tiene el deber de impedir esa práctica discriminatoria, bajo pena de responsabilidad administrativa y penal.
El parecer de la ponente fue acompañado por los ministros Antonio Días Toffoli y Edson Fachin, quienes anticiparon sus votos.
«Históricamente, la condición femenina y los cuerpos de las mujeres fueron objetos y utilizados conforme a la conveniencia e intereses de los hombres. La evolución legislativa, sin embargo, ha marcado logros hacia un tratamiento más igualitario», remarcó la jueza.
Estudios oficiales indican que, cada cuatro horas, una brasileña es víctima de violencia en el gigante sudamericano, donde cada día al menos una murió solo por ser mujer.
Otras investigaciones alertan que el 95 por ciento de las féminas temen ser víctimas de violación en el país, donde existe la denominada Ley Maria da Penha, que tornó más rigurosa la punición para estas agresiones.
Entró en vigor el 22 de septiembre de 2006 y el primer caso de prisión basado en las nuevas normas (la de un hombre que intentó estrangular a su esposa) ocurrió en Río de Janeiro.
La ley rinde homenaje a Da Penha Maia, quien fue agredida por su marido durante seis años hasta convertirse en parapléjica, tras sufrir un atentado con arma de fuego, en 1983.
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