La medida responde a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de noviembre de 2023, tras intensas protestas populares que paralizaron al país en rechazo a la minería metálica a cielo abierto y ese enclave en Donoso (Colón), filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
Según el abogado y ambientalista Harley Mitchel quien presentó la denuncia administrativa contra el titular del MICI, Jorge Rivera, hay demoras ante la situación de riesgo ambiental en la zona.
Mitchel afirmó ante la prensa que toda persona tiene el deber de controlar y evitar la contaminación ambiental, conforme al título VIII de la ley general del ambiente.
Subrayó que, a pesar de la nulidad del contrato ley por parte de la CSJ, las normativas ambientales, mineras y administrativas necesarias para resolver la situación siguen vigentes.
La denuncia también advierte sobre un inminente riesgo de contaminación que amenaza a las comunidades cercanas, así como a la flora y fauna de la región.
Además, critica que el informe del MICI, basado en una inspección al proyecto, carece de fundamentos legales y científicos adecuados.
El letrado argumentó que la situación puede convertirse en «una bomba de tiempo» para la próxima administración gubernamental que asumirá el 1 de julio si no se toman medidas urgentes.
Aunque el MICI inició en abril un proceso de licitación para una auditoría ambiental como parte del cierre de la mina, aún no se han divulgado detalles al respecto.
Al respecto, el MICI mediante un comunicado negó las acusaciones y aseguró que no existe tal inacción o retraso en las acciones que se llevan adelante del Plan de Preservación y Gestión Segura.
Son aproximadamente 132 mil toneladas de concentrado de cobre valorados en casi 200 millones de dólares, que se mantienen almacenados en los depósitos de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa de First Quantum.
Al respecto el MICI informó que ha procedido a solicitar los servicios de un laboratorio internacional certificado, “a fin de realizar las pruebas y análisis técnicos, que determinen la cantidad y calidad del concentrado de cobre, así como las características geoquímicas del material almacenado”.
La entidad también señaló que ya se tienen identificados y mitigados los posibles riesgos tanto a la salud como al ambiente.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha adelantado en sus primeras comparecencias la idea de “ abrir para cerrar”, indicando que los altos costos que implican el cierre de la mina Panamá no los podría cubrir, tampoco la empresa First Quantum De acuerdo con Rivera el cierre de la mina podría costar 800 millones de dólares aproximadamente.
«El contrato no puede ni soñar revivirse», sin embargo, es «una realidad que la mina está ahí, parada pero allí está y así no se puede quedar”, dijo Mulino en declaraciones al medio colombiano W Radio.
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