El único objetivo del registro y secuestro de evidencias, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), es recabar indicios que sustenten la pesquisa, explicó el jefe de esa dependencia del Ministerio Público, Rafael Curruchiche.
Preliminarmente se estableció que existió comunicación entre funcionarios de la cartera de Salud Pública y Asistencia Social con personal de la Cancillería, que tiene que ver con las irregularidades de compra, señaló la autoridad.
Las investigaciones por este caso comenzaron el pasado día 22 en las instalaciones del organismo central dedicado a la sanidad en el país.
Entonces, trascendió, la FECI analizaba si solicitar órdenes de aprehensión o si seguían incorporando evidencias para llegar a resultados objetivos e imparciales.
Necesitamos y exigimos que los corruptos enfrenten la justicia, expresó a inicios de abril el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tras presentarse una denuncia en relación con el mencionado caso.
En momentos difíciles y amargos como la pandemia de la Covid-19, cuando la población estaba bajo el asedio de una terrible enfermedad, los corruptos vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, comentó el político de 65 años.
El procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra, describió antes que, junto al titular de Salud, Oscar Cordón, puso en conocimiento al organismo judicial de una serie de hechos.
El principal de estos –acotó- la contratación de las vacunas Sputnik V, que fue suscrita por la exministra de la cartera sanitaria Amelia Flores y un supuesto representante de Human Vaccine de origen ruso.
Medios de prensa locales advirtieron antes que el exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, del exmandatario Alejandro Giammattei (2020-2024), recibió supuestos sobornos por el tema de las vacunas.
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