El portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, dijo en la rueda de prensa que ya no hay lugar para tal proceder tras las correcciones realizadas por el nuevo Gobierno encabezado por Donald Tusk.
Bruselas adelantó semanas atrás que tenía previsto cerrar el expediente sancionador al no ver ya un “claro riesgo” de violación del Estado de derecho en ese país.
El pasado día 21 la vicepresidenta comunitaria Verá Jourová, responsable de Valores y Transparencia, explicó que el Ejecutivo comunitario constató cambios importantes en los últimos meses en Polonia, empezando por “el reconocimiento del problema y la determinación para corregirlo a través de un plan de acción”.
Los reclamos desde Bruselas a Varsovia comenzaron en 2017 y el motivo fueron las controvertidas reformas judiciales que impulsó el por entonces partido en el gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia.
Sin embargo, el actual primer ministro Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo, impulsó los cambios exigidos por Bruselas, que de no ser atendidos pudieran haber dejado al país sin derecho a voto en la Unión Europea.
Además de las reformas vinculadas con la independencia judicial, Varsovia tenía que aclarar las normas y responsabilidades de los organismos públicos que gestionan los fondos europeos a nivel doméstico, así como poner en marcha un mecanismo de denuncias para poder detectar casos de fraude.
Como consecuencia de las correcciones realizadas, el pasado febrero la Comisión Europea adoptó su decisión de desbloquear los fondos a Polonia que mantenía retenidos y dio luz verde al primer pago en el marco de su plan de recuperación.
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