Este miércoles, el tercer juzgado de garantía de Santiago prevé imputar a Jadue por supuestos ilícitos cometidos en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares en la compra venta de insumos durante la Covid-19.

“Espero que la justicia actúe con transparencia. Nuestro único delito ha sido administrar la Municipalidad desde una mirada innovadora y transformadora, en beneficio de la población”, escribió el jefe de la comuna de Recoleta en un mensaje en X.

En recientes declaraciones, Jadue señaló que no hay pruebas de que un solo peso haya ido a parar a sus bolsillos y denunció las motivaciones políticas de un proceso realizado en medio de la campaña para las elecciones municipales.

La Fiscalía presentará cargos en su contra por cohecho, fraude al fisco y administración desleal.

“Estoy tranquilo porque tengo plena convicción de mi inocencia y de que todos los delitos que se me imputan se van a caer porque ni siquiera se cumplen los presupuestos materiales para su ocurrencia”, dijo el alcalde.

Previo al proceso, unas mil 500 personalidades firmaron una carta de apoyo a Jadue ante la persecución política y judicial en su contra.

En la misiva, recuerdan los firmantes, que el también miembro del Partido Comunista innovó en la forma de trabajar en los gobiernos locales para beneficio de las grandes mayorías y logró que la población pueda acceder a servicios de calidad a bajos precios.

Dentro de los programas emprendidos por el también excandidato presidencial mencionaron la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, el Centro Audiológico, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta de Recoleta, entre otros.

El Foro de Sao Paulo, que agrupa a decenas de partidos progresistas y de izquierda, señaló su preocupación por la persecución comunicacional, judicial y política hacia Jadue y su proyecto de democratización que mejoró la vida de miles de familias chilenas.

En una declaración, el foro recordó los casos del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de los exmandatarios Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Cristina Fernández (Argentina), entre otros.

“Es el mismo modus operandi que buscó y busca su proscripción por vía judicial y mediática, porque no pueden lograrlo en el terreno democrático donde es el pueblo quien manda”, advierte el texto.

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