La medida, a la que consideró como un importante compromiso pendiente del Acuerdo de Paz, adopta la Política Pública para la destrucción de grupos que incurran en actividades delincuenciales, según comentó en su red social X.
A juicio de Ruiz, la decisión debe contribuir a la seguridad y protección de excombatientes, defensores y líderes sociales en Colombia.
El funcionario hizo alusión de esta manera a una normativa que establece cuatro ejes centrales para la desestructuración de conductas y organizaciones criminales tales como Desmantelamiento; Contribución a la transformación del Estado; Acción integral del Estado; y Monitoreo y evaluación.
Según se desprende del decreto 0665 del Ministerio de Justicia que adopta el plan previamente aprobado en septiembre de 2023, se espera aportar a la “no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario Internacional contra las personas y comunidades sujetos de protección”.
En el contenido de la regulación se incluyó igualmente la importancia de aplicar enfoques territoriales, étnico, de género y feminista, etario, interseccional y de participación ciudadana para la implementación integral de las acciones a nivel territorial y social.
Si bien el diseño de la mentada Política Pública era un elemento fundamental del Acuerdo de Paz de 2016, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no se avanzó en su formulación.
La normativa persigue atacar las causas que generan las actividades criminales, donde se incluyen las denominadas estructuras sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
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