Bajo el lema Milei es hambre, integrantes de agrupaciones como la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán y la Central de Trabajadores exigirán la entrega de los productos que están allí y en Tafí Viejo, en Tucumán, a los comedores que atienden a personas vulnerables.

Nos concentraremos con nuestras cocineras, que a diario hacen lo imposible para sostener las ollas en los barrios populares, donde miles de familias tienen vetado el derecho a la alimentación, señala un comunicado conjunto.

Rechazamos las falacias sostenidas por funcionarios nacionales sobre supuestos comedores fantasmas. Sí existimos y hasta fuimos en gran parte registrados por el actual Ministerio de Capital Humano, añade el documento.

Además, advierte que la decisión de esa cartera del Estado de interrumpir el suministro de recursos a esos centros se da en un contexto de profundización de los índices de pobreza e indigencia, y cuando cientos de miles de personas pierden sus puestos de trabajo debido a despidos masivos y el cierre de fábricas.

El ajuste no recae sobre la casta, sino sobre los sectores más empobrecidos. La situación que vivimos en las barriadas, villas y asentamientos es realmente catastrófica: siete de cada 10 niños son pobres, indica.

Asimismo, denuncia una campaña de desinformación impulsada desde el Ejecutivo, mediante la cual se ataca a los comedores y se intenta criminalizar a quienes allí trabajan.

Lo único que trajo (Javier) Milei es la multiplicación del hambre y la pobreza. Mientras tanto, los grandes empresarios y especuladores siguen siendo favorecidos con leyes y subsidios. Nuestras organizaciones, al igual que durante la pandemia de la Covid-19, estarán en la primera fila defendiendo los derechos del pueblo y oponiéndonos al saqueo en curso, señala el comunicado.

El lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó a Capital Humano presentar un informe con la cantidad de alimentos que mantiene en esas locaciones y un plan de distribución inmediato.

Casanello le dio un plazo de 72 horas a esa cartera del Estado, dirigida por Sandra Pettovello, e indicó tener en cuenta las fechas de vencimiento y los tipos de artículos para su repartición.

Sin embargo, el Gobierno apeló por considerar que “no es una cuestión de índole judicial, sino de política pública”.

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