La mesa legislativa tiene marcada sesión para este lunes en la tarde de forma virtual y entre los invitados están Paul Ocaña, Jorge Yánez y Adolfo Castro, presidentes de los Colegio de Abogados de Pichincha, Guayas y Manabí, respectivamente.

También citaron al rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Marco Zambrano; a la coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Yokir Reyna, y Leonel Fuentes Sáenz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, entre otros docentes de diversas instituciones.

Como está regulado, el Legislativo deberá establecer las normativas para la aplicación de los resultados del proceso consultivo del pasado 21 de abril, en el cual la ciudadanía dio el Sí a nueve preguntas relacionadas con la seguridad.

En sintonía con la voluntad popular, el jefe del Ejecutivo envió sus propuestas a la Asamblea.

Esos proyectos contemplan el incremento de las penas para terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de minería.

Para esos delitos las sanciones sugeridas por el mandatario duplican las establecidas en el Código Orgánico Integral Penal vigente.

Asimismo, deberá quedar legislado el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía o Fuerzas Armadas.

La Asamblea también deberá abordar cambios a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para facilitar que el Estado pase a ser propietario de bienes de origen ilícito o injustificado.

Si bien los proyectos de Noboa deberán ser debatidos y los asambleístas de la comisión especial multipartidista pueden ajustarlos, en su esencia no pueden ser rechazados porque son derivados de la consulta popular, es decir, ya los ecuatorianos le dieron el visto bueno en las urnas.

El cronograma de ese grupo de trabajo legislativo prevé escuchar a representantes de colectivos sociales, universidades, instituciones y la ciudadanía en general.

Todo el proceso, incluida la discusión en el plenario de las propuestas, deberá concluir antes del 4 de julio.

npg/avr