El documento, elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil y cerca de un medio centenar de expertos, refleja la situación del país en torno al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Ecuador en 1990.

El investigador Juan Francisco Oña indicó que la pobreza golpea más en las áreas rurales (43,91 por ciento) y mucho más a indígenas, montubios y afroecuatorianos.

Ese hecho provoca que los menores se vuelvan vulnerables ante la delincuencia y el crimen organizado, por lo cual las organizaciones expresaron preocupación debido al incremento de la participación de niños y adolescentes en actividades delictivas.

“Ecuador no ha sido capaz de impulsar un proyecto nacional a favor de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Manuel Martínez, integrante del grupo de expertos que preparó el informe.

El estudio también señala que el número de infantes que trabajan aumentó un 37 por ciento entre 2022 y 2023 y en la actualidad son 370 mil los que deben buscar ingresos para sus hogares.

Otro de los datos de la investigación es que entre 600 mil y 900 mil niños por debajo de los cinco años no acceden a la educación inicial.

Además, entre 2018 y junio de 2023 se presentaron 51 mil 235 denuncias de violencia sexual contra niños y niñas, con un rango de impunidad del 95 por ciento.

Asimismo, el documento refleja como problemáticas la separación de menores y sus familiares debido a la emigración, el uso no supervisado de redes sociales, el machismo y maltratos que afectan su salud mental.

Para las organizaciones sociales que impulsaron el estudio, Ecuador no cuenta con un plan de protección integral para su infancia y en eso influye la baja inversión pública, que incluso está por debajo del promedio regional.

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