Entre las víctimas recientes se encuentran empresas como la minorista London Drugs, así como la ciudad de Hamilton, el gobierno de Terranova y Labrador, una red de bibliotecas en la Columbia Británica, la Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones de la provincia y una organización benéfica de Ontario para niños discapacitados.

La avalancha de ataques tiene serias implicaciones para las víctimas y el público, y las organizaciones necesitan protección de múltiples capas en un panorama de estándares de seguridad en línea incipientes, advirtió el analista de amenazas Brett Callow.

Callow está a favor de una prohibición total de los pagos de rescates, o al menos de regulaciones que los limiten, para detener la marea de ataques.

Pero la mayoría de los expertos coinciden en que los objetivos potenciales deberían ser reforzar la seguridad para evitar que se produzcan violaciones.

Funcionarios del gobierno canadiense, incluido el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, emitieron una declaración conjunta el lunes destinada a crear conciencia sobre la amenaza «que representa la actividad cibernética maliciosa de estados extranjeros y sus afiliados».

Mientras el martes, el auditor general de Canadá publicó los resultados de una auditoría de ciberseguridad y concluyó que el gobierno federal carecía de la capacidad o las herramientas para combatir eficazmente los ciberataques cada vez más sofisticados.

En este contexto, se espera que Ottawa lance una nueva estrategia nacional de ciberseguridad este año, tras la creación del Centro Nacional de Coordinación de Delitos Cibernéticos en 2020.

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