De acuerdo con el reporte, divulgado este jueves, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Pichincha, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas tuvieron lugar la mayor cantidad de hechos que arrebataron la vida a mujeres.
Del total de casos, 61 fueron femicidios íntimos, sexuales o familiares y 37 se perpetraron en medio de las pugnas de las bandas delictivas en el contexto de la inseguridad en el territorio nacional.
Una infografía compartida como parte del estudio revela la incidencia y crecimiento del uso de armas de fuego para perpetrar femicidios.
En 2024, el 61 por ciento de los crímenes fueron cometidos con esos artefactos.
La militarización del país y la guerra interna han facilitado el acceso a armas para los feminicidas, advierte la organización, que insta al Gobierno a abordar adecuadamente la problemática sin minimizarla u ocultarla.
Otro de los datos de la Fundación indica que este año 77 menores de edad quedaron en orfandad a causa de la violencia de género, pues 35 de las asesinadas eran madres y cuatro estaban embarazadas.
En muchos casos -alerta la organización- los infantes fueron testigos del hecho violento y en otros hasta fueron víctimas de femicidio.
El 28 de mayo de 2024, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó por unanimidad una ley de reparación integral para familiares de las afectadas por este flagelo, pero el presidente Daniel Noboa vetó la normativa.
Asimismo, tras intentos de cambiar el nombre y el propósito del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Fundación Aldea llamó al Ejecutivo a hacer de esa una institución sólida en su estructura y con presupuestos suficientes.
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