De acuerdo con el titular del sector, Franklin Encalada, los procesados son investigados por la Fiscalía de la provincia costera de Guayas como sospechosos de entregar información del personal médico a bandas dedicadas a este delito.
«Han sido funcionarios que captan la información de nuestros médicos, y a su vez, la articulan con personas dedicadas a las extorsiones y a los secuestros», detalló.
Las investigaciones continuarán dentro del sistema de salud para identificar si hay más funcionarios involucrados en redes delictivas, precisó el ministro.
El pasado 23 de mayo, la Federación Médica Ecuatoriana denunció la situación de inseguridad que sufren los profesionales de la salud que se desempeñan en áreas rurales del país, en medio de extorsiones y violencia.
A su momento, el presidente de la Federación, Wilson Tenorio, pidió al Gobierno revisar la obligatoriedad del cumplimiento de un año de servicio en lo rural en el contexto actual del país.
Como alternativa sugirió esfuerzos conjuntos con los gobiernos locales para de alguna manera fortalecer el resguardo en las localidades, que tampoco pueden quedar desprotegidas.
Recientemente se conoció del asesinato del doctor Steven Aguirre Giler, joven médico de 25 años, durante un intento de secuestro en El Empalme, provincia de Guayas.
Por su parte, José Luis Aguirre, presidente de la Federación de Profesionales de Salud Rural, manifestó que el problema se extiende a todos los profesionales que trabajan en centros sanitarios, quienes son víctimas de acoso y pedidos extorsivos.
Señaló que este año han recibido de 600 a 700 denuncias en su gremio por compañeros que cumplen el internado rural debido a robos, amenazas, intimidaciones, acoso, entre otros, fundamentalmente en provincias de la costa y Amazonía.
En Ecuador rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Daniel Noboa acompañó en enero pasado otro decreto de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.
A pesar de la militarización, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos persisten, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza militar en el combate a los grupos criminales, alertan colectivos defensores de derechos.
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