Un comunicado del titular del organismo, António Guterres, condenó la escalada que se extiende incluso al estado de Rakhine y la región de Sagaing, así como el impacto del conflicto en la población.

«El último incidente contra la etnia Rakhine en el oeste de Myanmar y la actual persecución de los rohingya subrayan la necesidad de proteger a todas las comunidades», advirtió el texto divulgado por el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El vocero advirtió sobre las consecuencias de los continuos bombarderos aéreos indiscriminados y violaciones de derechos humanos al tiempo que pidió la rendición de cuentas de los responsables.

La nota instó a todas las partes a actuar con máxima moderación y brindar prioridad a la protección de los civiles de conformidad con el derecho internacional humanitario y evitar una mayor incitación a tensiones y violencia comunitarias.

Además, manifestó profunda preocupación por las crecientes ramificaciones regionales del deterioro de la situación en Myanmar, por lo que reiteró el llamado a un enfoque unificado.

En marzo de este año, la ONU estimó en casi 2,7 millones de personas el total de desplazados internos en Myanmar, cerca de 2,4 millones de los cuales fueron desarraigados después de la toma de febrero de 2021.

El golpe militar de ese año mantiene al país en un conflicto entre las fuerzas del ejército con grupos armados de oposición, lo que ha provocado desplazamientos masivos y miles de víctimas.

Alguna vez considerada una de las economías más prometedoras del sudeste asiático, con una clase media en crecimiento, la nación ahora sufre niveles vertiginosos de pobreza.

La guerra civil empujó a decenas de millones aún más a la indigencia mientras que casi la mitad de la población de 54 millones está por debajo del umbral de pobreza.

El 49,7 por ciento de las personas vive con menos de 76 centavos de dólar al día, una cifra que se ha duplicado desde 2017, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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