La preocupación de esta Alianza radica en el hecho de que la averiguación judicial y la orden de detención contra Jadue, cuyo perfil político es de alcance nacional en Chile, “podrían conformar otra situación de persecución política haciendo uso de las instituciones del Estado”, indicó un comunicado.

El texto recordó que en años recientes “Nuestra América ha sido escenario de lamentables casos de judicialización de la política o lawfare”.

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), condenaron y condenan sistemáticamente las prácticas de lawfare y el uso de los sistemas de justicia con fines políticos y partidistas, indicó la nota.

Expresaron que continuarán haciendo seguimiento de este sensible caso y manifiestaron su solidaridad con Daniel Jadue, “guardando la expectativa de que la justicia chilena actúe de acuerdo con el derecho, los hechos y la verdad”, para que el Alcalde Jadue pueda seguir trabajando.

Así como culminar el mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas, “con el compromiso y le honestidad que siempre le ha caracterizado”, subrayaron.

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