El documento, divulgado este jueves, destaca que hubo funcionarios públicos, políticos y periodistas que compartieron información personal sobre el excandidato previo al ataque.

«Villavicencio fue un blanco de la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana con las mafias y las organizaciones criminales», apunta el texto.

El documento explica que el político generaba «incomodidad en ciertos sectores» por sus investigaciones periodísticas.

El exlegislador realizó al menos 17 investigaciones relacionadas con implicados en actividades ilegales.

Entre las recomendaciones de la mesa legislativa consta la depuración de organizaciones criminales en entidades estatales y una reforma al sistema de contratación pública. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a pocos días de los comicios presidenciales, cuando salía de un mitin de campaña en Quito.

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