El Ministerio de Justicia anunció el lunes pasado la finalización de la propuesta para aplicar la normativa aprobada en abril pasado por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es abordar “la superposición y la amplia gama de víctimas de violaciones, conflictos, narrativas y abusos de derechos humanos que han ocurrido en diferentes épocas del país”.

La hoja de ruta lista dará paso para el debate y las aportaciones de las partes interesadas. En una fase inicial, implica establecer instituciones independientes basadas en el marco de la política y garantizar la puesta en funcionamiento de todos los mecanismos de justicia de transición, reveló la cartera de Estado.

Incluye las estructuras tanto temporales como permanentes para facilitar la participación de la sociedad civil, hace hincapié en la coordinación de varios enfoques centrándose en la secuencia, coherencia, sostenibilidad y el establecimiento de instituciones y normativas de apoyo.

Detalla también los esfuerzos para desarrollar la capacidad de estas instituciones y las funciones de los sistemas de justicia regionales y tradicionales, los grupos vulnerables, la rendición de cuentas y las medidas para los sobrevivientes de violencia de género.

“El sistema de justicia transicional tendrá propiedad nacional y liderazgo público”, aseveró el texto. En ese sentido se planifican campañas de concientización sobre la importancia, el contenido y la implementación de la política, incluidas iniciativas educativas.

A propósito del tema, el ministro de Justicia etíope, Gedion Timotheos, dijo que está en marcha la preparación de documentos legales, procesales y de contenido para establecer instituciones estipuladas en el proceso de implementación de la Política de Justica Transicional.

Timotheos recordó que ese marco legal fue aprobado luego de extensos estudios y consultas realizadas con las partes interesadas de manera inclusiva y participativa, así como la elaboración de una hoja de ruta para su implementación.

Como acciones asociadas al proceso, mencionó la preparación de actividades de desarrollo legal, procesal y de contenido para establecer las instituciones necesarias para implementar efectivamente la política, además de leyes y procedimientos para llevar a cabo reformas efectivas en el sistema de justicia a nivel nacional y regional.

Asimismo, la elaboración de una ley modelo sobre el uso de los tribunales tradicionales y fue enviada a los estados regionales.

El proceso de justicia transicional está guiado por el Grupo de Trabajo de Expertos en el tema establecido en noviembre de 2022, el cual realizó anteriormente 58 consultas públicas en todo el país y emitió informes que resumen los aportes al borrador de la política.

Durante una conferencia de prensa realizada el 29 de diciembre último, los expertos presentaron algunas de las conclusiones de esas consultas con un fuerte consenso sobre la necesidad de un mecanismo de enjuiciamiento para abordar abusos y violaciones de los derechos humanos.

Revelaron también que la reconciliación y el perdón deberían ser parte de un organismo de investigación recientemente creado.

Las conclusiones enfatizaron además que deben compensarse a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, angustia psicológica y emocional, de lesiones físicas y violencia sexual, desplazadas y aquellos que perdieron a sus familias y otros segmentos de la sociedad afectados en la fase de implementación de la política.

Según los expertos, con las recomendaciones de los participantes, hubo acuerdo para incluir las violaciones cometidas desde 1995, además de la definición de las funciones de las administraciones regionales y municipales en el proceso de puesta en marcha de la normativa.