La funcionaria participó vía online en el Cuarto Seminario de Desarrollo Social, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde señaló que un número creciente de personas corren el riesgo de quedar rezagadas.
Muchos países del área, dijo, habían logrado disminuir las brechas entre 1995 y 2010, sin embargo, el efecto combinado de varias crisis está creando nuevas dificultades.
Narváez, quien también es embajadora de Chile ante la ONU, mencionó entre los eventos más complicados de los años recientes a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el cambio climático, la innovación tecnológica y los conflictos geopolíticos.
Aunque hay naciones donde se avanzó en la creación y fortalecimiento de los sistemas de protección social, sólo el 30 por ciento de la población mundial disfruta de una cobertura integral, precisó la presidenta del Ecosoc.
Esto significa que más de cuatro mil millones de personas deben enfrentar por sí mismas los retos de la pobreza, las brechas de género, el envejecimiento de la población, el calentamiento global y el desarrollo digital y sus efectos.
No obstante, añadió, este impacto negativo no es irreversible y los países e instituciones deben centrarse en avanzar hacia mejores condiciones, sin quedarse sólo con un diagnóstico catastrofista.
La diplomática dijo a los participantes en el seminario de la Cepal que las políticas de protección social son vitales para garantizar, entre otros beneficios, ingresos adecuados y el acceso a servicios públicos de calidad a lo largo del ciclo vital.
Incluso en los países donde estas políticas están garantizadas por ley, recordó, hay desventajas económicas que limitan el acceso a jóvenes, mujeres, comunidades originarias e inmigrantes.
Paula Narváez afirmó que se puede aumentar las inversiones en este sector por medio de sistemas fiscales progresivos y sustentados en el principio de solidaridad.
Finalmente, señaló, los gobiernos deberían priorizar los recursos para los gastos públicos esenciales, entre ellos las garantías sociales, en lugar de dirigirlos hacia el sector de la defensa como ocurre en muchos lugares hasta ahora.
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