El incidente tuvo lugar en la ciudad de Pasaje, en esa jurisdicción, cuando sujetos armados llegaron a los exteriores de una licorería y abrieron fuego de forma indiscriminada, contra personas que se encontraban ingiriendo licor en la vía pública.

La violencia en El Oro ha escalado de forma alarmante en los últimos meses, con frecuentes reportes de ataques y asesinatos en ciudades como Machala, El Guabo y Pasaje.

Ese territorio se encuentra bajo el tercer estado de excepción decretado por Noboa la pasada semana, pese a negativas anteriores de la Corte Constitucional (CC).

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo pretende mantener a los militares en las calles de las demarcaciones más violentas de esta nación sudamericana como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, en esta ocasión la disposición del mandatario cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA).

El documento precisó que la WJA es una entidad no gubernamental de la sociedad civil, con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Aunque el decreto entra en vigencia inmediatamente, su permanencia dependerá del análisis de la Corte, que deberá pronunciarse en los próximos días.

El pasado 14 de junio, la CC declaró inconstitucional el estado de excepción focalizado en siete provincias del país, decretado por Noboa el pasado 22 de mayo.

De acuerdo con la Corte, los argumentos mencionados en el documento «no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno, que en esta ocasión, fue la única convocada por el mandatario».

En Ecuador rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el mandatario acompañó en enero pasado otra declaratoria de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.

A pesar de la presencia militar en las calles, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos siguen al alza, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza en el combate a los grupos criminales.

Expertos en materia jurídica alertan que la militarización no servirá de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.

jha/nta